Sara Sanz Aldea. Estudiante de Derecho (Universidad de Valladolid)
Foto: (Barbara Marlewska, de ELSA Polonia)
Los bienes jurídicos que el Código penal español en su Título VIII protege frente a las conductas que adquieren la consideración de delitos sexuales, son la libertad sexual –no poder ejercer el derecho a prestar consentimiento a una relación sexual– y la indemnidad sexual –no poder ejercer el derecho a tener un desarrollo normal en la esfera sexual–.
La violencia sexual infantil, entendida como concepto que engloba a todos los delitos sexuales que tienen como víctimas a niños y niñas desde que nacen con vida hasta que tienen 17 años y son las 23:59 horas del día anterior a su 18.º cumpleaños, está prohibida por ley, porque impide que se ejerza la libertad de elección sexual y compromete el normal desarrollo de los niños y niñas en la esfera sexual.
Se hace necesario precisar el concepto de la violencia sexual infantil, que engloba los ataques a la libertad sexual e indemnidad sexuales de los niños y niñas de edades comprendidas desde que nacen con vida hasta que tienen 17 años y son las 23:59 horas del día anterior a su 18.º cumpleaños y que adquieren la consideración de delito, y en el caso del grooming, cuando se trata de niños y niñas de edades comprendidas entre el momento en que nacen con vida hasta que tienen 12 años y son las 23:59 horas del día anterior a su 13.º cumpleaños.
Las formas de violencia sexual infantil son: el acoso sexual –solicitud de favores sexuales a menores-, el abuso sexual –mantenimiento de relación sexual sin consentimiento ni violencia o intimidación-, la agresión sexual – mantenimiento de relación sexual sin consentimiento y con violencia e intimidación-, el grooming –contacto por medios telemáticos con niños y niñas menores de 13 años para tener un encuentro sexual online o presencial-, la pornografía infantil –fabricación, distribución y posesión de imágenes en las que aparecen niños y niñas en un contexto sexual-, la prostitución infantil – pago por mantener relaciones sexuales con niños y niñas sin su consentimiento u obtención de lucro económico porque otros mantengan relaciones sexuales con niños y niñas, y el exhibicionismo –exhibición del cuerpo humano manteniendo comportamientos sexuales frente a menores–.
Se presume que nunca hay consentimiento y, por tanto, siempre se comete un delito, cuando los niños y niñas tienen menos de 13 años, porque es ésta la edad aceptada socialmente en España para tener capacidad para consentir las primeras relaciones sexuales. A partir de entonces serán consideradas como delito únicamente las relaciones sexuales cuya ausencia o vicio de consentimiento se consiga probar. Esta especial protección a los menores de 13 años viene justificada por su mayor vulnerabilidad e indefensión y, por tanto, por su mayor probabilidad de sufrir abusos de este tipo y por las secuelas que pueden sufrir y que pueden afectar negativamente a su forma de vivir la sexualidad a raíz de estos hechos.
Entre las cuestiones a las que más atención se debería prestar, de cara a la mejor aplicación y eficacia de las sanciones recogidas en el Título VIII del Código penal, es a la estructura desordenada de este título por la actual técnica legislativa. Las agravantes aparecen de forma repetitiva en muchas ocasiones, las franjas de edad están poco claras y se tiene que utilizar el bis en dos ocasiones por falta de espacio. En mi opinión, en el título debería aparecer el concepto de violencia sexual junto al concepto de los bienes jurídicos protegidos de la libertad e indemnidad sexuales, deberían realizarse tantos capítulos como formas de violencia sexual existen –en la actualidad, siete: acoso sexual, abuso sexual, agresión sexual, prostitución, pornografía, grooming y exhibicionismo- y dentro de estos capítulos, agravar las conductas realizadas contra menores y muy especialmente contra menores de 13 años.
Por otro lado, no parece lógico que se imponga la libertad vigilada de manera imperativa a todos los agresores y agresoras sexuales, puesto que es una medida de seguridad que se impone por razón de la peligrosidad de las personas que cometen delitos y esta peligrosidad no puede presuponerse por razón del tipo de delito cometido, sino que debe probarse su existencia en cada persona que delinque. No parece razonable aplicar una medida de seguridad a todos los culpables de determinados delitos, porque no todos tienen el mismo perfil. La misión del legislador no es solo plasmar la voluntad popular en la ley, sino también que los preceptos de las leyes guarden una coherencia entre sí y se apliquen correctamente en la práctica. Otra cosa sería, que el legislador impusiera esta medida, porque algunos agresores y agresoras sexuales que ya han cumplido su pena, necesiten continuar su tratamiento específico o necesiten que les ayuden a buscarse una ocupación para mantenerse lejos de toda posible tentación de reincidir, pero quizás la mejor solución fuera la creación de una nueva medida de corrección menos restrictiva de la libertad para tal efecto.
También creo que no tiene mucho sentido que las personas jurídicas puedan ser condenadas a pena privativa de libertad, puesto que solo pueden acudir a los centros penitenciarios las personas físicas, así que pienso que se podría prescindir de esta sanción y aplicar multa en todo caso.
Asimismo, pienso que deberían modularse las sanciones impuestas a agresores y agresoras sexuales con penetración, ya que es este hecho el que puede elevar las sanciones desproporcionadamente en algunos casos de la práctica. Es cierto que es la forma más grave de la violencia sexual y que afecta directa y negativamente a la dignidad de la persona de la víctima, pero también es cierto que las consecuencias y las gravedad de las secuelas no parecen ser la mismas, si lo introducido son objetos o miembros corporales y si el orificio es el bucal, anal o vaginal, puesto que una de las secuelas más graves de una violación es un embarazo y éste solo se puede producir si se introduce el miembro viril masculino en el orificio vaginal.
Finalmente, considero preocupante que la pena privativa de libertad impuesta a los autores y autoras de estos delitos resulte tan elevada en algunos casos de la práctica y sea comparable al homicidio y al asesinato, porque la vida es el bien jurídico del que emanan el resto de derechos y debería tener una protección sustancialmente superior al resto. Es cierto que estos delitos pueden hacer sentir a las víctimas que su vida no tiene sentido, pero conservan su vida en todo caso y pueden salir adelante si se las dota de recursos suficientes y no todos los delitos sexuales provocan esa sensación, por lo que resulta peligrosa la rigidez de las sanciones en un número tan elevado de años de prisión, porque no permiten adaptarse bien a cada caso particular y a las circunstancias personales de las partes, además de que no está comprobado que un mayor número de años en prisión, evite con mayor intensidad la reincidencia. Supongo que todo depende de la fe que tengamos en nosotros mismos y en los demás y eso es algo muy subjetivo y difícil de probar.
Como conclusión final, me gustaría destacar que no podemos acudir al endurecimiento de la ley penal como solución estrella para acabar con la violencia sexual infantil, porque la ley penal no regula todos los aspectos de la vida de las personas y solo se aplica cuando se produce la lesión de un bien jurídico contemplado en la misma, resultando insuficiente para prevenir los delitos sexuales, si no se complementa con otros instrumentos sociales que favorezcan una convivencia pacífica, como la educación.
‘Todos podríamos prevenir los delitos con mayor intensidad si todos tuviéramos acceso a los mismos recursos’.
FUENTES:
Delitos contra la libertad sexual, Opinión
